La imputación de la infanta Cristina es un golpe más en el crédito y desprestigio de una institución que, desde hace tiempo hace agua, no participa en absoluto de mejorar nuestra imagen ni nacional ni internacional. Es más, participa de aumentar el distanciamiento entre la ciudadanía y las instituciones.

Eso si, el problema es que la Casa Real no se somete al voto popular, no tiene juicio público y parece no tener nunca obligación de dar explicaciones. Eso no puede ser.

La democracia, el control y la transparencia debe ser obligatoria para todos los responsables públicos. Y por eso, hay que preguntarle al pueblo, perder el miedo a la voz de la gente.
Necesitamos poder votar y exigir responsabilidades. Como mínimo sería necesario que la continuidad de la monarquía se someta a referéndum.

Es cierto que los españoles tenemos problemas cotidianos más urgentes, pero no puede pasarse por alto el crédito de nuestras instituciones y nuestra mayoría de edad para decidir nuestra forma de convivencia.

La sociedad será la que debe decidir si iniciamos el camino a la REPUBLICA.

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