Corrupción, blog Francesc Romeu

Ni las mejores series televisivas de interminables capítulos sobre amores y desencuentros, que por cierto nunca tienen fin, superan los culebrones judiciales de este País.

Esta semana cubre las tertulias el caso de “la tonadillera amante, el exalcalde y la exmujer” , caso Malaya que inició sus primeras investigaciones en 2005.

Seguimos pendientes de cómo se suman imputados al Caso Gürtel, que por cierto muchos de ellos compartieron boda de la hija de Aznar, iniciada la investigación en febrero de 2009.

Atónitos observamos imputaciones reales en el caso Noos, iniciado en el 2010 como rebote del caso Palma Arena.

Y con todo, el ministro Gallardón le da vueltas al perjuicio de imagen que causa, durante tanto tiempo, estar en la sombra de la sospecha, si imputado o encausado.

Y más allá de la necesaria defensa de presunción de inocencia, de la necesaria protección de los procesos judiciales, sería más que saludable agilizar los tiempos y poner los recursos necesarios para que la justicia actúe con celeridad y eficacia para castigar a los delincuentes. No hemos de olvidarnos que los que perjudican la imagen de nuestro país son los que meten la mano en el cajón de los dineros públicos, que deben ser castigados con la cárcel y con la devolución de lo robado.

Deberíamos estar pensando en dotarnos de las herramientas necesarias para que la justicia pueda cumplir con su labor.

Por cierto, Bárcenas ya fue imputado en el año 2009 por presunta financiación irregular ¡¡¡en 2009!!!

  1. Paco Escudero. says:

    Buenos días Francesc,
    No es solamente una cuestión de corrupción generalizada (que también). El panorama actual tiene que ver, además, con el fraude político y con la ruptura de las reglas de juego. Se lo escribí a Justo González en respuesta a un artículo suyo titulado “El pacto está roto”. Mi reflexión es la siguiente:
    Las renuncias que asumió la izquierda de este país tras la muerte del dictador en 1975 fueron muy importantes, de gran calado. Con la legalidad en una mano y con el sentimiento de justicia y reparación en otra, lo que debió ocurrir tras el Franquismo es una rehabilitación del orden constitucional anterior dinamitado por un golpe de Estado y una guerra. Se debió devolver al pueblo el sistema de Estado que el pueblo se había dado en las urnas, y se debió abrir un proceso judicial contra los causantes de un genocidio de 40 años y miles y miles de asesinatos de postguerra. Así se hizo en Alemania en 1945, se hizo en Chile, se hizo en Argentina… Aquí no. En aras a garantizar la convivencia y la armonía social, bases de un nuevo Estado de futuro, la izquierda renunció a que se hiciera justicia y hubiera reparación. Se renunció a una bandera constitucional republicana que la gente había hecho suya en las urnas, y se renunció a recuperar la Constitución que el pueblo había votado antes de que el golpe de Estado la hiciera saltar por los aires. En resumen, la izquierda renunció, a pesar de estar en su derecho, a un sistema de Estado, a una Constitución que le amparaba, a una bandera, a la exigencia de justicia por crímenes contra la humanidad y a la exigencia de reparación. Tuvo que asumir una Monarquía impuesta, una bandera símbolo de su derrota en la guerra, un modelo de Estado que perpetuó los privilegios de la Iglesia al no derogar los acuerdos con la Santa Sede, y un modelo de convivencia descompensado porque un amplio espectro social no había hecho ningún reciclaje democrático (todavía hoy, en pleno siglo XXI, no ha habido ni una sola disposición formal y pública de la derecha española de condena del Franquismo, de desmarque con respecto a ese pasado y de fraternidad con las víctimas de aquel régimen de locura).
    Y todo eso lo hizo la izquierda no sin sufrir un drama interno. Y lo hizo porque, en aquel momento, lo importante era garantizar un mínimo Estado democrático y de derecho que permitiera un “empezar de nuevo”. Esas renuncias de la izquierda permitieron acometer una transición y elaborar una Constitución manifiestamente mejorables, pero válidas como inicio de un camino, no como final de trayecto. Y así se hizo porque ello servía para modernizar este país de la mano de la UE, y permitía consolidar unas reglas de juego democráticas que garantizaran igualdad de oportunidades y eliminaran privilegios. De ahí vinieron garantías constitucionales relativas al derecho a una vivienda digna, a un trabajo, a no ser discriminado por sexo, edad, nacionalidad, opción sexual…., y se consiguieron logros importantes como la universalización de la educación, la creación de un sistema de salud modélico, el acceso de todos a la cultura como derecho, la consolidación de un sistema de protección social que diera rostro humano a un Estado hasta entonces ajeno al pueblo… En definitiva, España tenía todavía mucho que lograr, pero tenía un camino a seguir.
    Ya en pleno siglo XXI, y transcurridos treinta y seis años después de iniciarse todo este proceso, ¿qué nos queda?, ¿seguimos marchando adelante o el camino se ha desdibujado?. Lo que tenemos en la actualidad es ciertamente preocupante:
    – Los intentos de reparación moral de las víctimas del Franquismo son continuamente frenados y obstaculizados, y el derecho de cualquier ser humano a dar digna sepultura a sus seres queridos es en España papel mojado. El juez que intentó cambiar este lamentable acontecimiento fue repudiado y está ahora fuera de la magistratura. En pleno siglo XXI, España sigue siendo el segundo país del mundo (después de Camboya) con mayor número de fosas comunes sin destapar. Las víctimas exigen, con toda la razón, dignidad, justicia y reparación.
    – La garantía de un estado laico y aconfesional, plasmada en la Constitución, es igualmente papel mojado. Los acuerdos Iglesia-Estado son un lastre del pasado que no tienen razón de ser en un Estado moderno. Su mantenimiento supone que España aporta cada año vía presupuestos más de 10.000 millones de euros de dinero público, sostiene también con dinero público el coste laboral de 30.000 profesores de la asignatura de Religión, mientras que la Iglesia queda exenta del pago de impuestos en sus más de 100.000 propiedades que tiene en el territorio nacional. La gente exige acabar con los privilegios.
    – Los pilares sobre los que se asienta la estabilidad y el futuro de un país, como son la educación, la cobertura sanitaria y el sistema de protección social garantizados por el Estado desde el sector público, tienen en este momento una bomba de relojería bajo los pies. El proceso de desmantelamiento del Estado del Bienestar atenta contra los principios básicos garantizados por la Constitución, bloquea el derecho a la igualdad de oportunidades y sienta las bases de un Estado clasista.
    – La gestión que, desde el actual sistema, se está llevando a cabo del derecho constitucional a una vivienda digna hace que se cuestione la propia validez del texto constitucional. Se aplican soluciones del siglo XIX para problemas del siglo XXI, y los derechos nunca están en los destinatarios, sino en los intermediarios. La brecha social es, por ello, abismal en este asunto, con auténticos dramas insoportables.
    – El derecho al trabajo digno es otro espejismo contemplado en la Constitución, y las medidas de reforma laboral emprendidas no han hecho más que destruir logros socio-laborales conseguidos con esfuerzo a lo largo de treinta años. Además sin resultado, porque no ha servido para generar empleo, ni siquiera precario. El tejido empresarial de este país ha aligerado costes pero no ha creado ni un solo puesto de trabajo.
    – Y por último, el coste de la tremenda crisis económica no lo está asumiendo el causante sino la víctima. El sistema bancario recibe enormes cantidades de dinero público para solventar su pésima gestión que desencadenó la crisis, pero cierra el grifo financiero a las familias, que son las que asumen la carga para sacar adelante a este país.
    Todo este panorama, adornado además con una espiral de corrupción y de descrédito de los principales estamentos del país (Monarquía, partidos políticos, Justicia, Gobierno…) nos lleva a pensar y a defender que el pacto de la Transición ya no sirve, cumplió su papel pero ya no es válido. Ese espíritu de acuerdo para garantizar un Estado democrático de derechos y oportunidades, que impulsó a la izquierda a asumir importantes renuncias, está roto. Lo han roto. Es necesaria otra Transición, pero esta vez sin renuncias y con plenas garantías de construcción de un Estado que garantice la destrucción de los privilegios y la igualdad de oportunidades.
    Un abrazo.
    Paco Escudero.

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