La honorabilidad de la Presidencia de les Corts está en entredicho y absolutamente cuestionada. Y también el Parlamento se pone en evidencia, ante los ciudadanos de toda España, al rechazar la creación de una Comisión de Investigación para averiguar lo ocurrido en la visita del Papa.

Les Corts no pueden permitirse por más tiempo un presidente que permanece bajo sospechas tan graves.

Han transcurrido ocho años desde la visita del papa y tras un largo túnel de oscuridad, empiezan a aflorar informaciones que nos escandalizan y que afectan directamente a la segunda autoridad de la Comunidad Valenciana, el presidente de Les Corts, Juan Cotino.

Quienes más fe tienen y mayor relación con la Iglesia son los que más avergonzados se deben de sentir en estos momentos porque todos los testigos que han declarado en el Tribunal Superior de Justicia coinciden en afirmar que era Juan Cotino quien llevaba la batuta de toda la organización.

¿Qué hacía un conseller de agricultura dando órdenes sobre dónde debían colocarse las pantallas o asistiendo a las reuniones del patronato cuando el vicepresidente ya asistía en representación del Consell?. Hay que saber si actuó en interés propio o en interés del PP o de ambos. Es necesario conocer toda la liturgia que utilizó el Consell en connivencia con las empresas Gürtel para preparar y ejecutar el V encuentro Mundial de la Familia.

En este evento se han gastado una ingente cantidad de dinero de todos los valencianos y valencianas por servicios o suministros sobrevalorados con cifras escandalosas, cuya única finalidad era el pago de comisiones a la trama corrupta Gürtel.

Los valencianos tienen que conocer quién, cómo, con qué procedimiento y en qué cuantía utilizó el nombre del Papa para esquilmar hasta extremos inauditos las arcas públicas. Lo tienen que saber los ciudadanos a los que les han arrebatado entre otras cosas, las becas de comedor de sus hijos, las ayudas a sus dependientes, las ayudas a las viviendas, les han impuesto el copago a los medicamentos de los jubilados y someten a una asfixia irresistible a los centros de discapacidad y residencias.

La necesidad de la comisión de investigación viene dictada también, por la necesidad de estudiar y analizar cómo es posible que se saltaran todos los controles que establece la ley, se crearan sumideros por donde el dinero salió de las arcas públicas para ir a manos corruptas o a manos del PP en el gobierno valenciano, para financiarse.

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