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El gobierno del PP está impulsando una reforma de la ley de régimen local, sin contar con los principales actores: los ayuntamientos y por supuesto a espaldas de la oposición, una reforma de una ley, de este calado no se debía hacer desde la mayoría absoluta, sino con un claro consenso en todos los niveles.

Esto si ha creado un debate sobre el papel de los Ayuntamientos en el ámbito institucional y sus funciones en el desarrollo económico y social de España.

El papel de que han protagonizado los Ayuntamientos en la conquista y consolidación de la democracia, así como que las ciudades y los ciudadanos miraran a Europa, ha sido fundamental, sabiendo que en la Transición Democrática, los Alcaldes y sus Concejales, consolidaron con su labor, lo que luego serian los gobiernos democráticos en España, con su trabajo en gestión participativa, defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, hizo que tuvieran el prestigio social y la ciudadanía confiara en las Instituciones democráticas, empezando por los Ayuntamientos.

Los Ayuntamientos fueron y son la base de la democracia, su papel es muy importante y necesario en el ejercicio de algunas de las políticas estructurales más relevantes, como: ordenación del territorio, planificación económica y la movilidad urbana. Los Ayuntamientos son los garantes de la calidad de vida de la ciudadanía, ya que son los responsables de la prestación de los servicios y los equipamientos básicos, al mismo tiempo son los por su proximidad los que mejor conocen las necesidades sociales, y por tanto los responsables de las políticas para atenderlas.

Pero estos arrastran problemas desde hace demasiado tiempo, como su subordinación institucional, antes a la Administración Central, y en este momento con la Autonómica.
Si a esto le añadimos una financiación insuficiente y desigual, hay que tener en cuenta también, que los alcaldes y concejales son los que reciben las demandas y estas multiplican las llamadas competencias “impropias”. El desequilibrio entre las demandas ciudadanas y las posibilidades económicas, han llevado a los ayuntamientos a una situación de sobreendeudamiento. La reforma que el gobierno del PP esta impulsando, no soluciona ninguno de los problemas existentes, es más, agrava los existentes y crea algunos nuevos. Empezando porque esta reforma ha sido impuesta sin diálogo institucional y sin ningún acuerdo, en algo tan importante como una reforma local.

A pesar de esto el PP ha iniciado en solitario esta reforma, que ataca directamente al régimen competencial de los Ayuntamientos. Estos pierden funciones estratégicas en la promoción económica, del empleo, en políticas sociales de lucha contra la pobreza y la exclusión social, en educación infantil, prevención de la enfermedad, ayuda a las familias y a los jóvenes para el acceso a la vivienda..etc.

No se ha tenido en cuenta en esta reforma, el conocimiento directo de los problemas, de la cercanía hacía el ciudadano y la aplicación de la subsidiaridad, han sido totalmente ignorados. Añadimos el agravante de la situación de crisis y el papel de amortiguador social que los ayuntamientos ejercen, para aliviar las penurias de los ciudadanos, en estas circunstancias.

El PP, habla del “ahorro” que implica la derivación de funciones de los Ayuntamientos pequeños a las Diputaciones, pero esconde claramente una supresión de algunos de los servicios antes mencionados y la privatización de otros, ya que desaparecerán estos servicios esenciales por falta de estructura y financiación existente en las Administraciones provinciales.

En definitiva, esto esconde tras la “intención” de la mejora en la eficiencia, el propósito evidente y malintencionado de reducir los servicios municipales y multiplicar el negocio de algunas empresas privadas. Esta reforma también llevará un déficit democrático en el funcionamiento de los Ayuntamientos, ya que la elaboración y aprobación de los presupuestos municipales, donde el debate público y la participación ciudadana es importante, para la determinación de cuestiones colectivas, pasando del pleno a la junta de gobierno local, negando incluso el voto de los representantes de la ciudadanía.

Ahora sí, ni se habla de la reforma de la financiación local, que alcaldes y alcaldesas de todas las tendencias políticas están demandando y exigiendo al Gobierno de España, para poder asegurar suficiencia económica y seguridad para poder atender las responsabilidades de sus Ayuntamientos.

La Ley de Régimen Local necesita ser reformada, pero no con esta reforma, y el marco institucional de los Ayuntamientos, debe de ser fruto de gran debate, de un diálogo abierto y evidentemente con el acuerdo político y social que lo respalde.

Las competencias municipales necesitan estar claras, ordenadas y financiadas. Los Ayuntamientos han de ser protagonistas en el ejercicio de sus funciones públicas, como es el impulso de la actividad económica, promoción del empleo, garantizar el acceso ciudadano a los servicios públicos básicos, lucha contra la pobreza, exclusión social, promoción cultural y educación…

La reforma del régimen financiero conforme a los principios de autonomía, suficiencia y transparencia y control son necesarias. Igual que la potenciación de políticas que aseguren una mayor participación ciudadana, ya que el ámbito local es el que mejor puede profundizar en la mejora de nuestra democracia.

Los y las socialistas somos municipalistas históricamente, dentro del horizonte de igualdad, libertad y justicia.

Rafa Sanchis
Ejecutiva Comarcal
València-Ciutat