Hace 18 años, el asesinato de Ana Orantes, quemada viva por quien había sido su marido, estremeció a todo el país. A pesar de que era la tercera mujer que moría de ese modo tan cruel, su tragedia sacó por fin del silencio la violencia de género, colocó el foco en el sufrimiento de las víctimas y sacudió la conciencia ciudadana. El trabajo sostenido desde aquellos años, llevó a España a la vanguardia de la lucha contra esta violencia. Dieciocho años después vuelven a encenderse todas las alarmas.

El lunes, el Gobierno presentaba los resultados de la macroencuesta de 2015, un estudio que se realiza cada cuatro años. Su conclusión es rotunda: la violencia de género aumenta en España. Una realidad que también refrenda el Consejo General del Poder Judicial. Así, la semana pasada el órgano de gobierno judicial rendía cuentas sobre el año 2014 y el balance no puede ser más preocupante: las mujeres denuncian menos que en el 2011, al tiempo que la concesión de órdenes de protección desciende en estos últimos tres últimos años. Disminuye el número de mujeres que consiguen la protección que solicitan en los juzgados o la que garantiza la policía.

Aún mas, el último estudio sobre violencia y juventud confirma que los comportamientos violentos se transmiten de generación en generación. El pasado lunes, mientras el Gobierno exhibía una extraña complacencia con las cifras de la macroencuesta, comenzó un recuento sangriento. Una, dos, tres… hasta siete vidas humanas segadas en veinticuatro horas a causa de la violencia machista: en Málaga y Lérida, en Gibraltar, otra mujer y dos niños —de cuatro años y seis semanas—, y otras dos mujeres cuya muerte está siendo investigada. A todas ellas es necesario sumar dos intentos frustrados en Tenerife y Galicia, en los que, afortunadamente, consiguieron salvar sus vidas.

Una tragedia que no es un suceso, ni un fenómeno natural e inevitable, ni una desgracia que surge por sorpresa. Todas eran muertes predecibles, anunciadas, asesinatos antecedidos de desprecios, humillaciones, silencios, sufrimiento, malos tratos. Vidas truncadas tiempo atrás a las que no se dio protección, a las que nadie ofreció las respuestas, la ayuda y el apoyo que necesitaban y merecían.

Esta barbarie no se combate con indolencia ni complacencia, exige acción. Demasiadas mujeres están enfrentando solas la violencia que se ejerce sobre ellas. La mayoría no interponen denuncia y, de las que lo hacen, un 20,9% la retiran. Todas estas certezas, exigen que el Gobierno active medidas urgentes que rectifiquen lo que se ha hecho mal, devolviendo a los ayuntamientos, la administración más próxima y la más eficaz en la protección frente a la violencia, las competencias arrebatadas sobre igualdad, prevención y reparación. No es a través de una reforma local, que supone la desaparición de la primera vía de socorro de la víctima, como se combate este fenómeno.

El Gobierno debe reponer los fondos recortados a la lucha contra la violencia en esta legislatura, e incluir la prevención en todos los ciclos educativos, con programas de prevención e intervención eficaces, previa formación de los profesionales que trabajan con jóvenes. El Gobierno debe actuar en este campo porque si las medidas paliativas son importantes, más lo es actuar sobre las causas y sobre los factores de riesgo para impedir que aparezca el problema. Desafiar la tolerancia a esta violencia pasa no por el recorte sino por la ampliación de campañas institucionales que ayuden a la toma de conciencia sobre el daño que la violencia de género provoca al conjunto de la sociedad.

También deben darse instrucciones desde la fiscalía a los juzgados especializados, mejorar los instrumentos de valoración de riesgo, especializar a quienes toman decisiones vitales para las víctimas y sus hijos e hijas, y lanzar un mensaje político rotundo poniendo en alerta a todas las entidades capaces de detectar las situaciones de violencia, especialmente al sistema público de salud, los servicios sociales y el sistema educativo.

Necesitamos respuestas consensuadas para poner fin al silencio, para apoyar a las mujeres y a las niñas, para reforzar la especialización que reclama una buena aplicación de ley. Necesitamos consensos que no pueden ser ajenos al fomento de las políticas de igualdad, porque la seguridad y supervivencia para las víctimas de la violencia se halla estrechamente relacionada con la solidez de los logros que vayan alcanzando el conjunto de las mujeres. Finalmente, debemos articular políticas que impliquen a los hombres para que también nos movilicemos contra la violencia con la valentía y resolución que se precisa.

Porque la violencia de género es uno de los grandes problemas que debe afrontar con decisión la sociedad española, los socialistas hemos tendido la mano al Gobierno y al resto de las fuerzas parlamentarias a través de iniciativas que de manera incomprensible, una y otra vez, han tropezado con el rechazo gubernamental. Y no es con disensos como debe combatirse esta terrible realidad. La sociedad nos demanda consensos y respuestas contundentes. Es imprescindible un gran acuerdo entre partidos políticos, instituciones y sociedad civil que exprese el sentir del conjunto del país, para acabar con esta barbarie que ataca a la convivencia ciudadana.

Pedro Sanchez, secretario general del PSOE