1. Las y los socialistas derogaremos con carácter inmediato toda la reforma laboral del PP, que estableció un modelo de empleo precario, de bajos salarios, de despidos baratos y un sistema de relaciones laborales sin equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios. Un modelo que ya ha sido desautorizado en muchos de sus contenidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Un modelo que preocupa a la OIT y a la OCDE por las consecuencias que origina en el nivel de pobreza de nuestra ciudadanía y en el deterioro de nuestro clima social. Y la sustituiremos por una norma dialogada con los agentes sociales. 

    Son muchas las condiciones que han cambiado desde que se aprobó el primer Estatuto de los Trabajadores. La globalización y una economía que hoy se extiende prácticamente a escala mundial; nuestro ingreso en la Unión Europea; la plena incorporación de las mujeres al mercado de trabajo; el uso intensivo de las nuevas tecnologías; el cambio profundo en las formas de organizar la empresa y la producción; o la apertura de nuestras empresas al comercio exterior. Todos estos cambios en la realidad económica y social demandan también un cambio de la misma intensidad y dirección en nuestro marco de relaciones laborales. 

    Aprobaremos, con carácter inmediato, un decreto-ley que recupere la centralidad de la negociación colectiva, eleve el salario mínimo interprofesional, garantice los derechos de los trabajadores y combata de manera eficaz la precariedad en el empleo, que son las prioridades que hoy tienen los trabajadores de nuestro país. En paralelo, abriremos un proceso de diálogo social desde la voluntad de acuerdo con los Sindicatos y las organizaciones empresariales que culmine en la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que deberá garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres y derechos laborales como la formación profesional, la igualdad en el acceso al empleo, la seguridad y salud en el trabajo o el reconocimiento de nuevos derechos como la libertad religiosa, el secreto de las comunicaciones y el derecho a la propiedad científica e intelectual de los trabajadores.