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EL PSOE TIENE QUE SER EL REFERENTE DE LA MAYOR DEMOCRATIZACIÓN DE LA ESPAÑA DEL SIGLO XXI

Los socialistas siempre hemos apostado y defendido más democracia y participación. Es responsabilidad de la izquierda política española la modernización de la estructura institucional. Por eso es vital para la democracia, su crédito y para la salud de todo el sistema social revisar las estructuras e instituciones que participan en la ejecución del poder político del Estado, delegado por los ciudadanos y en su representación. Aplicación en todo ámbito de decisión político de los principios de igualdad y elección democrática por voto popular. Más democracia, democratización y participación. Transparencia, accesibilidad e información.
Tenemos que ser los protagonistas e impulsores de la máxima participación democrática. Tenemos que entender las nuevas formas de un mundo abierto, las nuevas maneras de comunicarse, de aplicar la participación, las redes sociales, el contacto personal permanente y la accesibilidad en todo momento. Es necesario fomentar todos los cauces de participación democrática, buscando nuevas formas de elección representativa más allá de los partidos y los sindicatos. Identificación social y política real para la recuperación de la confianza institucional y política.

1. La igualdad y la elección democrática por voto popular.

Los socialistas consideramos urgente y necesario reformar todas las instituciones del Estado que no se adapten a dos principios básicos necesarios y fundamentales, a saber: la igualdad y la elección democrática por voto popular.

Todo lo que no esté acorde con estos principios, debe ser revisado o eliminado. Por tanto, no es válida para la organización del poder institucional político y el ejercicio del mismo sobre la sociedad toda institución cuya elección, funcionamiento o desarrollo no tenga las dos premisas básicas como eje central de su fundamento y aplicación. Corona, diputaciones, mancomunidades… No es posible ceder poder político y soberanía a órganos que no están sujetos a la igualdad y a la elección directa por voto popular y la posibilidad de todo ciudadano de poder presentarse para dirigirlas.

Cambiar las instituciones pasa por dar más protagonismo en su estructura y organización a la ciudadanía, más participación, más transparencia, pluralidad, apertura.

2. Revisión del modelo de Estado.

En pleno siglo XXI los socialistas seguimos defendiendo nuestros principios asentados en planteamientos de vanguardia, libertad e igualdad. Es necesario abrir sin miedo el debate sobre la Jefatura del Estado. Tenemos que eliminar prejuicios, dogmas y estigmas y plantear la modernidad, la democracia, la pluralidad, la igualdad y la libertad como ejes que piloten todo nuestro sistema institucional y nada debe quedar al margen de este debate. Obviamente, tampoco la Monarquía. Somos republicanos y apostamos por la República como modelo de Estado.

Tenemos que concebir las instituciones desde la democracia, el voto libre, igual, secreto, en libertad y en igualdad. Sobre esos principios básicos y con la madurez social y política de la ciudadanía, no puede obviarse el debate y la alternativa al sistema actual de jefatura del Estado.

Los socialistas defendemos la celebración de un referéndum popular para conocer la voluntad del pueblo español respecto de la jefatura del Estado y, en cualquier caso, propondremos todas las acciones internas y legislativas necesarias para conseguir la implantación de la República como forma de Estado que se asienta sobre los principios de igualdad, libertad y democracia.

Mientras la jefatura del Estado en España la ostente el Rey, es conveniente y necesario que las Cortes aprueben el Estatuto de la Casa real, que contemple con exactitud las funciones, organización y papel de cada miembro de la familia real, obligaciones protocolarias y representativas, ingresos, gastos… Tenemos que huir de escándalos innecesarios que perjudican la imagen institucional de España. Y este estatuto debe aprobarse por mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados.

3. Eliminar el Senado.

En ninguna de sus formas ni concepciones es válida tal institución para la representación política y la acción legislativa. Ni cuando se ha querido establecer como segunda cámara de lectura, ni cuándo se ha querido concebir como una cámara de representación territorial. Necesitamos instrumentos políticos y organizativos ágiles, válidos, dinámicos y que no supongan un gasto innecesario sin finalidad política o institucional alguna.

Es más, en caso de evolucionar a un Estado Federal como el que planteo, el propio Congreso de los Diputados podrá sin ningún problema establecer exclusivamente una Comisión Legislativa Federal, donde se encuentren los presidentes de cada federación más los diputados nacionales de cada territorio, para que establezcan las líneas marco, de acuerdo, generales y estratégicas para el conjunto de las federaciones y del país.

4. Eliminación de los cargos públicos irrelevantes e indefinidos.

Los socialistas exigimos que todo cargo público tenga bien definidas sus funciones en claro beneficio para la sociedad. Entendemos que sobran todos aquellos cargos públicos que en la estructura política del Estado y en todos sus niveles territoriales no tengan o no se les reconozcan unas funciones y competencias claras en la gestión de los intereses de la ciudadanía, como los subdelegados del gobierno o los delegados de los gobiernos autonómicos y sus equipos en cada provincia.

5. Elección directa del presidente del Gobierno y dos mandatos máximo.

En tanto que la Jefatura del Estado se mantenga, aunque de carácter honorífico y representativo en la Corona, el presidente del Gobierno tiene que ser elegido de manera directa independientemente de las elecciones legislativas. La separación de poderes entre ejecutivo y legislativo no se produce en el sistema actual y merma la capacidad directa de la ciudadanía de pedir cuentas y responsabilidades políticas a quien ahora se ampara en la mayoría parlamentaria de su grupo político. Por eso, la elección tiene que ser directa para elegir a quien el pueblo quiera que sea presidente del Gobierno en unas elecciones específicas separadas de las elecciones legislativas.

La Constitución ha de concretar claramente cuáles son las funciones del presidente del Gobierno y, por tanto, el Parlamento ha de legislar y controlar la acción del Ejecutivo, que ha de rendir primero cuentas ante el pueblo soberano que lo elegirá con su voto directo. No es posible difuminar responsabilidades y buscar amparo en mayorías parlamentarias condicionadas al porcentaje de participación en las elecciones y a la ley d´Hont de reparto de escaños.

Y para aumentar su responsabilidad y control directo, lo socialistas proponemos que nadie podrá ser elegido presidente del Gobierno más de dos mandatos. Es decir, se tiene que establecer por ley que la duración máxima de un presidente de Gobierno al frente de esta responsabilidad será de 8 años, tiempo más que suficiente para desarrollar un proyecto político y permitir la rotación, la oxigenación y la capacidad de decisión directa de la ciudadanía

6. Modificación de la Ley Electoral

Primarias en los partidos y Listas abiertas en las elecciones al Congreso de los Diputados.

Es hora ya de modificar la Ley electoral general, darle la voz a los ciudadanos para ampliar el marco de la participación, de la capacidad de elección de quienes nos quieren representar y de terminar con las endogámicas listas electorales presentadas por partidos políticos que han estructurado sus propios funcionamientos a la configuración de estas listas electorales.

La democracia mejora, se actualiza, se profundiza y se consolida con más democracia, también dentro de los partidos. No hay que tenerle miedo a la participación, al debate público, a la proximidad social, a la crítica permanente constructiva y participativa.

Por tanto, los socialistas defendemos la modificación de la LOREG y la implantación del sistema de primarias para la elección de los candidatos a la presidencia de las instituciones y de las listas abiertas dentro de los partidos para favorecer la participación, la igualdad, la libertad y la democracia.

7. Asesores técnicos y especializados de los políticos

No es posible entender que los puestos de libre designación que establecen las instituciones de refuerzo de las personas que desarrollan su responsabilidad en el ejercicio del poder político sean colocadores de afinidades personales que sustentan las endogamias de los partidos políticos y perjudican los intereses generales.

Los asesores no pueden ser políticos que cobren favores de sus partidos por su acción o disciplina interna orgánica. Los asesores son responsables técnicos especializados de ayuda y asistencia a los políticos para que éstos desarrollen mejor y con más garantías su acción de servicio público, su toma de decisiones y su corresponsabilidad pública con quien le otorgó su confianza para la solución y respuesta a los problemas de presente y de futuro.

8. Fin de las campañas electorales 15 días antes de las elecciones y fin de las campañas en papel.

Los socialistas pedimos que las campañas electorales sean durante toda la legislatura, pero en la red, en la televisión, en todos los medios telemáticos que permitan la transmisión de ideas, posiciones, debates, opiniones… Todos los espacios mediáticos públicos deben organizar debates permanentes, transparencia constante en el intercambio de opiniones permanentes. Queremos ver quiénes son realmente y qué dicen, piensan y sienten aquellos y aquellas que quieren representarnos y dicen tener vocación de servicio público.

La sociedad quiere saber en todo momento qué quieren realmente, qué proponen, ya que buscan nuestra confianza, aquellos que buscan nuestro voto deben estar accesibles siempre, estar dispuestos a la complicidad, a la proximidad y a la corresponsabilidad en todo momento.
Es urgente que propongamos sin miedo el debate directo, que los que votamos sepamos quienes son, qué quieren, cómo son y cómo lo quieren. Fin a las campañas políticas y publicitarias de todo tipo en papel. Las vallas publicitarias, carteles y folletos ya no crean opinión, no dan votos directamente y suponen un coste elevado en el aspecto económico y medioambiental.

En la era de las redes sociales, las televisiones digitales y las nuevas tecnologías es imprescindible y recomendable una reconfiguración de las campañas para hablar a la gente, no para hacer campañas fotográficas que son un gasto y que no son verdaderamente influyentes en la sociedad actual.

9. Órganos populares de control y fiscalización política, mayor fiscalización popular de acciones, cuentas y resultados.

La sociedad española del siglo XXI no puede entender que alguien sea juez y parte de sí mismo. La responsabilidad política no puede estar bajo el control de los mismos políticos que deben y tienen que ser controlados. No es aceptable la delegación y voto indirecto en la configuración de los órganos de control y fiscalización por aquellos que deben ser fiscalizados.

Es necesario implantar tribunales populares abiertos, participativos, libres, independientes y formados por ciudadanos de diferentes perfiles y con carácter rotatorio para que sean los encargados del control, la fiscalización y la evaluación de la ejecución y las responsabilidades políticas.

La sociedad tiene que tener más margen para el control, más margen de participación e influencia directa sobre las acciones realizadas por aquellos que quieren o dicen representarles. Es urgente dar mayor capacidad potestativa y resolutiva a la sociedad y permitir órganos colectivos populares que permitan el control y la fiscalización, con capacidad resolutiva vinculante sobre los actos, acciones y disposiciones realizadas por los responsables políticos que deben ser fiscalizados.

Entre ellos, el Tribunal de Cuentas debe fiscalizar las cuentas de los partidos políticos a través de tribunales técnicos especializados y con la ayuda y asesoramiento de los inspectores de hacienda para que las resoluciones sean independientes y no sujetas a partidismos.

10. Modernización y democratización del Poder Judicial.

Nuestro sistema judicial tiene que sufrir la transición para la incorporación urgente a las nuevas tecnologías. Es vergonzoso el funcionamiento de nuestros tribunales, su lentitud, dejadez en algunos casos y su parálisis absoluta en otros. Es importante plantear una Ley para la modernización tecnológica de la Justicia española y la formación específica telemática de todos los funcionarios de la administración de justicia. Existen medios suficientes para ser incorporados a la estructura judicial que permitan su entrada en el siglo XXI para garantizar la rapidez, seguridad e igualdad de las y los ciudadanos. Por tanto, la modernización telemática judicial es una asignatura pendiente, por vergüenza y por desgracia.
La Justicia debe garantizar la igualdad de acceso, trato y resolución para todos los ciudadanos del país, tiene que ser ágil y efectiva, rápida y eficaz, por lo que la revolución tecnológica le urge y nos urge. Y no la imposición de tasas “disuasorias” que solo permiten el acceso a la Justicia a los ricos, rompiendo el criterio constitucional de igualdad.

Dentro del Poder Judicial, hay que implantar más medidas de democratización interna y de garantías de igualdad y de voto directo para elegir a los máximos responsables de la Justicia española, así como garantizar la total independencia del Poder Judicial del Legislativo y del Ejecutivo; en definitiva, independencia absoluta de los partidos políticos y más protagonismo en la configuración de los órganos judiciales de abogados, procuradores y profesionales del mundo del Derecho. Los criterios constitucionales deben ser garantizados y cumplidos, en primer lugar, por aquellos que quieren ejercerlos. Nadie puede ser en nuestro país juez y parte de sí mismo.

11. Elección por sufragio universal del fiscal general del Estado y del fiscal anticorrupción y el Defensor del Pueblo

La corrupción es una losa que merma diariamente y de manera irreparable la confianza de la ciudadanía en los políticos y en el sistema institucional que ejerce el poder político. Sin confianza no hay crédito. Por eso, es necesario que la sociedad pueda elegir a los fiscalizadores y evitar en todo momento que éstos sean juez y parte. Por eso, entendemos que es necesario que el Fiscal General del Estado y el Fiscal Anticorrupción no dependan de los partidos políticos y sean elegidos por sufragio universal secreto, libre y directo por la ciudadanía. Los dos fiscales han de ser independientes, no sujetos a presiones políticas y tienen que tener un mandato de 5 años, con un máximo de dos mandatos.

Los socialistas apostamos por un Defensor del Pueblo que sea independiente de los partidos políticos y de los órganos políticos. No somos partidarios de unir en una misma persona a juez y parte y, por tanto, es necesario que le Defensor del Pueblo español sea elegido por sufragio universal, directo y con voto popular secreto para garantizar su proximidad e identificación con el pueblo al que va a defender y, sobre todo, su independencia de políticos a los que no tiene que deber ningún favor. Ni el sueldo. La elección publica y directa del Defensor del Pueblo, para garantizar su independencia, debe realizarse en un proceso electoral propio y diferenciado y con un mandato de 5 años, pudiendo optar dos veces al cargo.

12. Referéndum popular obligatorio.

Los socialistas queremos que se implante una mayor participación resolutoria del pueblo español en asuntos que afectan directamente a su vida y convivencia. Apostamos por el Referéndum como mínimo para todos aquellos asuntos que ahora mismo establece la Constitución Española y que requieren ser aprobados y tramitados como Ley Orgánica.
Es decir, como mínimo, todo aquello que afecte a las libertades y derechos fundamentales, a la organización territorial del Estado, incluyendo, por tanto los estatutos de autonomía y el régimen electoral general, será decidido por referéndum como paso previo obligatorio y sin exclusión.

Hay que cambiar los tiempos: primero decide el pueblo, y luego las mayorías parlamentarias requeridas y no al revés.

13. Reducción del número de firmas para iniciar el procedimiento de iniciativa legislativa popular

A la gente, a la voluntad de la sociedad organizada y expresada mediante la recogida pública y libre de voluntades, no hay que ponerle trabas. Es necesario una mayor participación de la sociedad en el poder legislativo, que para el inicio de la iniciativa legislativa popular sólo sean suficientes 250.000 firmas presentadas en el Congreso de los Diputados. Presentada la iniciativa, será admitida a trámite sin necesidad de aceptación por los grupos, quienes sí podrán, siguiendo el Reglamento del Congreso, presentar las alternativas y enmiendas que consideren necesarias.

14. Presupuestos participativos

Más iniciativas populares y pedagogía política.

Hay muchas referencias al Gobierno abierto que establece activamente otra dinámica participativa entre las partes protagonistas de la estructura política jerárquica e institucional. También es momento de una mayor capacidad de decisión y de participación.
Y ahora, también y gracias a las nuevas tecnologías, podemos hablar de los presupuestos participativos, así como de las incitativas populares de decisión más colaborativa.
Los socialistas no entendemos en asamblearismo como forma de decisión, pero sí creemos en la necesidad de articular mecanismos para que los responsables institucionales estén en contacto permanente con la sociedad y en la percepción de las inquietudes, propuestas, ideas, imaginaciones, sentimientos y aportaciones que pueden enriquecer las decisiones. Hablo de participación activa más allá de las encuestas oficiales u oficialistas que transmiten voluntades demasiado genéricas.

Creemos que el Open Government, las tecnologías, la nueva relación telemática de las administraciones y la nueva forma de ejercer la Política más cercana y cómplice, permite intuir nuevas trazas en dinamización y participación a través de las redes, las aportaciones on-line y el voto electrónico.
No obstante, las consultas no pueden ser solamente sobre deseos, demandas o peticiones. La pedagogía en la Política tiene que ser un elemento fundamental en este nuevo sentido a la relación política que estoy reivindicando y tenemos que ser conscientes de que las cosas no son gratuitas, de que una petición, una demanda tiene un coste que hay que cubrir. Que la imaginación en todo su potencial constructor tiene que aterrizar a una realidad que necesita posibilidades técnicas y económicas para su plasmación práctica.

Los presupuestos participativos que algunos ayuntamientos han llevado a cabo, fundamentalmente dando participación en capítulos muy concretos, me parece una buena iniciativa siempre que no sea sólo en el presupuesto de gastos, si no que se pongan encima de la mesa, los presupuestos y las propuestas de ingreso, los impuestos, las tasas y los precios públicos. Porque así el debate social participativo será más completo, veraz y real y evitaremos que la acción política compartida sea simplemente un buzón de sugerencias, o un permanente aluvión de exigencias. Debemos ser conscientes de que las propuestas de gastos deben conllevar propuestas de ingresos y que la sociedad debe entender que priorizar es eje fundamental y esencial en toda acción política social colectiva.

Todos los ciudadanos con los mismos derechos, deberes y tratamientos. Eliminación de privilegios.
Empezando por los títulos nobiliarios y las diferencias de trato en todos los sentidos y territorios de España. La Constitución de la Segunda República los abolió y fueron reinstaurados por la Dictadura, teniendo su cabida legal en la Constitución actual en su artículo 62, incluyendo la potestad del Rey para otorgarlos. En la España de hoy no tiene sentido la concepción medieval honorífica: la igualdad se ha de imponer en todos los ámbitos.

15. Conclusión

Es momento de modificar la Constitución Española, adaptarla a la sociedad del siglo XXI y como norma fundamental del Estado que contenga y englobe los sentimientos, exigencias democráticas y participativas esenciales para la ciudadanía. Una modificación que ha de abordarse desde la participación amplia y democrática, con las aportaciones multilaterales y desde la complicidad que recupere, aumente y consolide la confianza entre las personas y los institucionales de gobierno.

La sociedad española, afortunadamente, es madura social, económica y políticamente. Somos conscientes y sabedores de la necesidad de dar un paso más en nuestra democracia para avanzar en su desarrollo como sistema fundamental que garantiza la convivencia y la confianza entre la sociedad, las instituciones y los responsables y actores políticos. Estamos preparados para subir un escalón, modernizar nuestra estructura de convivencia y tener una participación más activa. Queremos avanzar en el sistema democrático atendiendo a la nueva concepción del ejercicio del poder y del papel y responsabilidades de cada uno en este pacto social de gobierno.

El PSOE entiende la necesidad de un nuevo sentido a la participación política, de un nuevo sentido a la vocación de servicio público, de un nuevo sentido de la Política y de su ejercicio. Por tanto, de un nuevo sentido a la relación institucional y política de confianza requerida para el sostenimiento del sistema entre el Estado-instituciones y ciudadanos-pueblo como soberanos del poder político. Y es nuestra responsabilidad política, moral e histórica liderar la democratización del sistema político e institucional de España y plantear una Reforma constitucional que abarque una modernización democrática y ponga a la sociedad española ante el protagonismo de la política.

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