Los socialistas presentamos en el Congreso una propuesta para reformar la ley que regula el indulto porque es necesario que los ciudadanos perciban que no existe impunidad, ni ciudadanos de primera y de segunda a la hora de afrontar los delitos.

Se propone que ningún corrupto pueda acogerse al indulto. No habrá indulto, total o parcial, cuando se trate de delitos cometidos por cargos públicos para obtener beneficio económico para sí o para un tercero.

Proponemos que para conceder cualquier clase de indulto se requiera la conformidad del magistrado o tribunal sentenciador. También planteamos que el Gobierno tenga obligatoriamente que motivar las razones del indulto, es decir, tiene que justificar las razones para utilizar este mecanismo excepcional. Así, se abre una vía de control judicial sobre las resoluciones de indulto.

Ni Hernández Mateo, ni el kamikaze de Alzira ni nadie pueden tener privilegios por encima de cualquier otro ciudadano.

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