Es un clásico en Economía que los mercados anticipan lo que va a suceder en la economía real. La semana pasada, las dudas sobre la recuperación en la Unión Europea generaron un sobresalto en la mayoría de las Bolsas en el mundo.

La eurozona puede entrar en una etapa de estancamiento, e incluso hay analistas que hablan de una tercera recesión. Si bien es verdad que los mercados presentan dinámicas endógenas, desde mi punto de vista el problema que va hacer muy difícil y dura la salida de la crisis es, por una parte, el cuantioso volumen de deuda en los países de la OCDE y un incremento inaceptable de la desigualdad y, por otra parte, los errores y las decisiones de política económica, particularmente en España y en el conjunto de la Unión Europea.

En el caso de España, el PP decía cuando estaba en la oposición que las causas de la crisis eran estrictamente nacionales, y ahora en el poder apunta que los inconvenientes para salir de la misma son básicamente internacionales.

Ese relato económico es incoherente, pero sobre todo es poco riguroso. Muchos de los problemas económicos de nuestro país tienen su origen fuera de nuestras fronteras, pero también hay serios problemas estructurales que son internos y que se han agravado. Consiguientemente, para salir de la crisis necesitamos otras políticas económicas en Europa y también en España.

Hay, por tanto, importantes razones para dar un giro drástico a la política europea con el fin de no estrellarnos contra el muro de la tercera recesión. Una política monetaria que utilice todo el abanico de medidas posibles, como por ejemplo, la compra de deuda privada y pública, que debe ir necesariamente acompañada de una política fiscal que contribuya al crecimiento económico y la creación de empleo.

El gran problema de España es la falta de rumbo económico, la ausencia de un Plan económico a medio plazo, ya que apostar únicamente por aumentar la desigualdad para salir de la crisis no es un plan, es una pelea por repartirse los despojos de la economía. La devaluación permanente de los salarios y las condiciones de trabajo y una política fiscal y presupuestaria regresiva son un camino hacia ninguna parte.
Reformas profundas

Hasta ahora, el Gobierno no ha abordado reformas profundas en la economía española, si no pura y simplemente recortes, y de ahí los pobres resultados: un lánguido crecimiento económico que no proporciona bienestar a la mayoría de los ciudadanos. Hoy España cuenta con 800.000 empleos menos, 335.000 parados más y una intolerable desigualdad.

El Gobierno no ha estabilizado las finanzas públicas, basta con recordar que la deuda pública ha crecido en 262.000 millones de euros en lo que llevamos de legislatura; ni ha estabilizado la deuda exterior que sigue creciendo y aumentando nuestra vulnerabilidad; pese a la devaluación permanente de los salarios, nuestras exportaciones estén cayendo al 5%, mientras que en 2011 subían al 15%; el Gobierno ha subido más de 50 veces los impuestos, particularmente los indirectos, y el gasto social se ha reducido hasta límites insoportables.

Los Presupuestos de 2015 que se debaten esta semana en el Congreso de los Diputados son los cuartos que presenta Rajoy, completando toda una legislatura, y en ellos no se vislumbra el Programa Económico de futuro que necesita la economía española. Por ejemplo, desde 2012 el gasto educativo ha descendido un 20%, la investigación civil un 25%, la industria y la energía un 40% o los créditos destinados a políticas activas de empleo se han reducido un 35%.
La política presupuestaria y fiscal tiene entre sus grandes objetivos la redistribución de la renta, pero desgraciadamente estos Presupuestos, como los anteriores, incrementan la brecha social.

En el Plan Presupuestario de 2015 enviado por el Gobierno a Bruselas la semana pasada, el Ejecutivo reconoce que se persigue reducir el gasto social, por ejemplo en desempleo (casi un 15%) o en educación y sanidad, que continuarán perdiendo peso. Del lado de los ingresos, se seguirán subiendo los impuestos mayoritariamente a las rentas medias (vía CCAA y ayuntamientos), al tiempo que se les rebajan a las rentas más altas y a las grandes empresas.

El resultado conjunto es evidentemente una política fiscal mucho más regresiva, pero también de una gran irresponsabilidad. En efecto, con la deuda pública disparada y creciendo, con la Autoridad Fiscal expresando serias dudas sobre el cumplimiento del déficit público en 2015, con los servicios públicos tan deteriorados y con las mayores cotas de desigualdad en décadas, es completamente irresponsable que el Gobierno decida aprobar un regalo fiscal de 9.000 millones de euros a las rentas más altas y a las grandes corporaciones.

No está escrito en piedra que España tenga que crecer a base de salarios bajos y precariedad laboral, ni que nuestros únicos motores económicos deban ser el turismo y la construcción.
España necesita una gran Transición Económica que implique nuevas instituciones y nuevas formas de hacer política acordes con el siglo XXI. Una Transición que cambie el modelo productivo, que lo haga más sostenible, apostando decididamente por la mejora del capital humano, la industria cultural, los sectores verdes, la ciencia y la innovación. Se trata de avanzar a una economía más inclusiva y meritocrática, que acabe con los privilegios, rompa monopolios y fomente la competencia real, para así democratizar el acceso a la riqueza y permitir que todos los ciudadanos puedan desplegar sus capacidades y potencial de crecimiento.

En definitiva, la Transición Económica que proponemos desde el Partido Socialista es un salto a la competitividad con cohesión social, lo contrario de bajar salarios y reducir derechos, si no ganando la economía del conocimiento que nos permita competir en un mundo de mercados globales.

Pedro Sánchez es secretario general del PSOE

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