El conocimiento y la buena formación son la base del bienestar equilibrado de la sociedad y su auténtica perspectiva de futuro. La educación, la cultura, la ciencia y la investigación son la única garantía de un desarrollo sostenible y justo. En ellas se basa la efectiva innovación, que tiene a su vez una profunda dimensión social. 

Un programa que afronte semejante desafío ha de ser consciente de las causas y atender con realismo y eficacia las raíces con las que nutrir todo el sistema para que resulte efectivamente transformador. Se trata de una tarea colectiva que requiere participación y procedimientos claros y compartidos. Para ello es imprescindible restablecer los consensos y recomponer lo que se ha venido desarticulando por ausencia de procesos de acuerdo, reemplazados por acciones esporádicas de una legislación elaborada inadecuadamente. Se requiere estabilidad, legislativa y normativa, de objetivos y de recursos. Ello solo es posible si se sustenta en grandes acuerdos sociales y políticos por la educación, por la ciencia y por la cultura. Para lo cual es imprescindible contar expresamente con la sociedad, con las comunidades educativas, con los agentes sociales, con la gente de la creación y la investigación, con las personas más directamente implicadas y que cuentan con la experiencia capaz de ofrecer y de abrir posibilidades. 

La posibilidad de acceso al derecho a la educación mediante un sistema público y el desarrollo cultural son la base de una sociedad equitativa, con igualdad de oportunidades y con posibilidades para lograr una verdadera calidad, que no se reduzca a determinados resultados en la adquisición de conocimientos, por otra parte imprescindibles. La empleabilidad y la preparación para el ejercicio profesional precisan de una formación consistente y versátil, pero no es un mero aprendizaje técnico. Se trata de derechos decisivos para el pleno ejercicio de la ciudadanía que han de garantizarse desde la primera infancia. Esto implica, a su vez, tener al alcance recursos con independencia de la comunidad en la que se viva, lo que supone implementar programas de cooperación interterritorial.