Las nuevas tecnologías informáticas de telecomunicaciones, como el cambio climático, ya se han instalado en nuestra sociedad, en los albores del siglo XXI. Las redes sociales revolotean y compiten con los medios de comunicación tradicionales, eso sí, sin ningún filtro ético de veracidad de la información, sembrando mentiras, medias verdades y medias mentiras sin ningún escrúpulo en la incontrolable red de redes. Pero, lo más resaltable es que muestra la estulticia de millones de personas, más bien, la tontuna de sus expresiones, en la dictadura de inmediatez, sobre todo en los 140.com y parece no tener cura.

Paralelamente, las administraciones públicas de todo nivel, formaciones políticas, sindicales, ciudadanas y de toda índole, ofrecen sus páginas web y/o portales para información de todo bicho viviente. Todo está publicado, ya no hay nada que hablar. Sus cuentas en las redes sociales refuerzan que todo está “colgado y bien colgado”. A este dislate de internet se suma la perversa tendencia de los organismos oficiales de publicar sus proyectos de Ley, Reglamentos o borradores en sus correspondientes páginas y establecer el plazo de información pública a la ciudadanía para recoger alegaciones u opiniones que se consideren asumibles. Nada que objetar, ya que es normativa de la Ley, pero también la misma Ley abre la posibilidad de establecer otras formas y medios de participación a través de organizaciones y asociaciones reconocidas, pero ya no gusta tanto.

Es en este contexto donde el asociacionismo en general se mueve, si es que le dejan moverse… Resulta descorazonador que desde todo tipo de entidades sociales, bien sean culturales, de consumidores, de protección a los derechos humanos o de población inmigrante, de defensa de la Igualdad o vecinales reconozcan a los partidos políticos o sindicatos como cauces de participación política y sindical sin tener la reciprocidad ni de las formaciones políticas ni de las instituciones públicas. En cuanto tienen la oportunidad se nos niega el carácter de cauce de participación ciudadana y se nos pone en el mismo plano de igualdad que la “ciudadanía en general”. Craso error en un País donde los índices de participación política, sindical y asociativa es uno de los más bajos de Europa. Craso error desaprovechar el asociacionismo existente para fomentar y estimular la participación ciudadana. ¿Realmente se quiere?

Estamos gente socialista, y de otras formaciones, en la cúpula de dirigentes de las entidades organizadas; mas no solemos tener cargos orgánicos ni mucho menos institucionales porque desdibujarían totalmente el sentido de ser activista en estas organizaciones ciudadanas. Ni sustituimos ni queremos sustituir a los cargos públicos, fruto de las elecciones democráticas. Estamos cada cual en su ámbito de actuación. Cada entidad ciudadana reivindica su espacio y representa lo que representa. Lo único que queremos es que se nos respete, se nos facilite los medios técnicos y materiales para desarrollar nuestra actividad con independencia y libertad. Y que se nos tenga en cuenta a la hora de intervenir en el desarrollo de nuestros objetivos, de nuestras propuestas e iniciativas, además de participar en todos los asuntos públicos que atañen a las personas y a su calidad de vida, a sus pueblos y ciudades. No teman sus señorías, que no van a ceder parte de su soberanía al populacho, que Las Leyes estatales sólo contemplan la posibilidad de establecer consejos consultivos. Lo de considerarlos o no vinculantes es potestad de la Concejalía o Consellería de turno.

No es habitual que se nos invite, por parte de formaciones políticas o institucionales a las entidades ciudadanas con el propósito de contribuir en proyectos, programas o, simplemente, intercambiar impresiones sobre algún asunto de transcendencia de cualquier tipo. Por el contrario, sí que se nos convoca cuando pueden sacar rédito partidista o institucional. Nos parece lamentable esta dinámica que continua a pesar del los cambios de gobierno. Cambios de Gobiernos a los que hemos coadyuvado con nuestras movilizaciones en contra de las políticas drásticas neoliberales y de recortes sociales, con nuestra repulsa a la corrupción institucionalizada. Protestas que nacieron cuando aún el PSOE gobernaba obteniendo no poca hostilidad cuando nos solidarizamos con los sindicatos mayoritarios en sus reivindicaciones, cuyos resultados aún estamos padeciendo, sobre todo la población más vulnerable y menos favorecida.
La crisis económica internacional de este siglo, sin precedentes, ha roto el consenso tácito que durante décadas se implantó en nuestro Continente y mientras las formaciones socialistas se instalaban en la cápsula de la falta de determinación, las formaciones conservadoras no vacilaron en ningún momento en ir dilapidando las conquistas sociales adquiridas. Las desigualdades sociales, el aterrador número de personas en paro, la crueldad de los desahucios, la desafección política conseguida, el cansancio y descontento de la ciudadanía, la irrupción de la xenofobia, el auge del extremismo de derechas y de la demagogia no han impedido que buena parte de la población, la gran mayoría bajo las entidades ciudadanas organizadas, contra viento y marea, hayamos defendido con singular dignidad el mantenimiento y desarrollo del Estado del Bienestar, sin tener referencias políticas nítidas. Y, aún estamos ahí, a pesar de todo.

El año 2018 nos depara novedades en La Comunidad Valenciana, sin obviar la profunda fractura social, política y ciudadana que los acontecimientos en Cataluña van a provocar en todo el País. El año que viene aparece como un año preelectoral, con todo lo bueno que tiene de promesas y lo malo de sus incumplimientos. Los partidos políticos se preparan para la contienda electoral. ¡Lo que se nos viene encima!

Las entidades ciudadanas, previsiblemente, serán escuchadas y, en algunos caso, agasajadas, por quienes las han ignorado, esquivado y descartado durante el tiempo anterior. No nos viene de sorpresa, ocurre siempre en periodo de campaña electoral. Más nos preocupa. No por el hecho en sí, que sería hasta divertido si no fuera porque la percepción de insatisfacción nos embarga a buena parte la ciudadanía. Hemos sido y somos respetuosos con los resultados electorales desde el inicio de la Transición democrática y lo seguiremos siendo. Nos inquieta un Partido Popular que a pesar de estar en la Oposición no ha querido o sabido romper con el pasado de corrupción. Representa el pensamiento conservador, legítimo, de una parte importante de la población, pero nos aterra volver a las andadas. Y la responsabilidad recae en quienes hoy conforman un Gobierno de coalición progresista en la Generalitat Valenciana. Ya no tenemos corrupción, se han invertido muchas dinámicas del pasado, pero las estructuras burocráticas permanecen y han de convencer con su gestión.

Aquella o aquellas formaciones políticas que sean capaces de ofrecer un proyecto compartido por la sociedad o la mayoría de la población, que sean capaces de abrirse a la sociedad y a la colaboración de las organizaciones sociales, que se ofrezcan como herramienta de cambio social, de un cambio real y posible, contra la desigualdad y contra las injusticias, obtendrán la confianza de la mayoría de la población. Aquella o aquellas formaciones que entiendan que se avanza en sociedades con organizaciones ciudadanas (sociales, sindicales, culturales, de consumo o vecinales) fuertes e independientes, tendrán el camino despejado para responder a todos los retos que nos depare el siglo XXI.
En los que respecta al movimiento vecinal, recordamos las palabras de Ximo Puig, en marzo del 2015 (periodo de precampaña electoral): “El proyecto socialista es un proyecto compartido” y lo dijo ante El Encuentro Vecinal de La Rambleta en València. La respuesta la tuvo por parte del Presidente de CAVE-COVA: “si quienes pronostican un triunfo de quienes se tildan cercanos al movimiento vecinal creen que vamos a estar silenciados lo tienen claro: vamos a seguir en nuestra misma línea reivindicativa”. La prueba del algodón será inescrutable. En 2019, ¿el asociacionismo en el País Valencià estará más fortalecido o más debilitado que en 2015? Si está fortalecido, ¿es equitativa la proporcionalidad entre las distintas entidades, o se ha favorecido a algunas en detrimento de otras? Si está más debilitado, ¿es porque era el objetivo o porque han salido mal las previsiones? Las respuestas están en la Generalitat Valenciana, las respuestas están en el Consell. Quienes nos sentimos del Partido nos preguntamos no sin cierta ironía ¿Qué piensa y dice el PSPV?